La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó, de urgente resolución, la renuncia de Mónica Aralí Soto Fregoso como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con 26 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones.
Durante la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, recordó que el artículo 98 de la Constitución Política establece que corresponde a la Comisión Permanente aprobar, por mayoría de sus integrantes presentes, las renuncias de las magistradas y los magistrados del Tribunal Electoral.
En el oficio remitido al Congreso, Soto Fregoso recordó que fue electa por el Senado de la República el 20 de octubre de 2016 para ocupar el cargo durante nueve años, periodo que originalmente concluiría el 31 de octubre de 2025.
Sin embargo, señaló que, derivado de las reformas constitucionales electorales de 2024 y al Poder Judicial de la Federación de 2026, su periodo en funciones se amplió hasta 2028.
La magistrada explicó que decidió “concluir un ciclo” después de casi una década en la Sala Superior, periodo en el que, afirmó, desempeñó su función jurisdiccional con perspectiva de género y derechos humanos, así como con un enfoque de inclusión hacia personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
En su solicitud, precisó que su último día en funciones será el 31 de agosto de 2026.
La aprobación generó posiciones encontradas entre los grupos parlamentarios, particularmente respecto de si la solicitud cumple con el requisito constitucional de que la renuncia de una magistratura proceda por una causa grave.
Por Morena, el senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández sostuvo que la Comisión Permanente no puede retener a una magistrada contra su voluntad ni convertir una decisión personal y profesional en una crisis constitucional. Afirmó que aceptar la renuncia representa el ejercicio de una facultad otorgada al Congreso por la propia Constitución.
En el mismo sentido, el senador del PVEM Jorge Carlos Ramírez Marín consideró que no existen argumentos jurídicos para impedir la salida de Soto Fregoso y defendió su derecho a decidir si continúa o no en el cargo después de casi 10 años de trabajo.
La diputada de Morena Margarita Corro Mendoza también respaldó la solicitud y sostuvo que su aprobación permite garantizar el funcionamiento del órgano encargado de impartir justicia electoral.
Por su parte, el diputado del PT Reginaldo Sandoval Flores aseguró que la salida de Soto Fregoso no afectará las resoluciones de la Sala Superior ni los procesos electorales de 2027, ya que el Tribunal puede sesionar con cuatro magistrados.
Desde la oposición, el senador del PAN José Máximo García López cuestionó que la magistrada haya argumentado el agotamiento de un ciclo personal como motivo para dejar el puesto. Señaló que la Constitución establece que este tipo de renuncias sólo procede por causas graves y advirtió que aprobarla sin analizar y fundamentar ese requisito constituye, a su juicio, una “simulación jurídica”.
La senadora del PRI Carolina Viggiano Austria también cuestionó la decisión y sostuvo que la salida de Soto Fregoso representa un nuevo debilitamiento de los contrapesos constitucionales y del árbitro electoral. Además, puso en duda las razones detrás de la renuncia y cuestionó si posteriormente la magistrada recibiría algún otro cargo.
En tanto, el diputado de Movimiento Ciudadano Gibrán Ramírez Reyes criticó la premura con la que se procesó la solicitud y consideró que faltó una discusión de fondo sobre las causas de la renuncia. Afirmó que no se acreditó una causa grave y calificó el episodio como parte de un proceso de debilitamiento institucional.
Con la aprobación de la Comisión Permanente, Mónica Soto concluirá casi una década como integrante de la Sala Superior del TEPJF el próximo 31 de agosto, pese a que, tras las modificaciones constitucionales, su periodo se había extendido hasta 2028.
