- Fiscalía General de la República dio a conocer un informe oficial sobre las investigaciones en torno a una red criminal de huachicol fiscal
La
a Fiscalía General de la República (FGR), a través de la fiscal general Ernestina Godoy Ramos, informó que la investigación sobre una red criminal de contrabando de combustible inició en 2024 tras la denuncia presentada por el almirante Rafael Ojeda Durán ante Alejandro Gertz Manero. Durante su pronunciamiento, la titular de la FGR destacó que los datos de prueba recabados permitieron asestar un golpe clave a la estructura delictiva con el aseguramiento de diez millones de litros de diésel en Altamira, Tamaulipas.
Asimismo, la Fiscalía informó que en el centro de la operación ilegal destacaron Manuel Roberto “N” y Fernando “N”, conocidos como “Los Primos”. De acuerdo con la FGR, los imputados y sus cómplices intervinieron en nombramientos dentro de la Administración Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Marina (SEMAR). Igualmente, la FGR señaló que en un cateo realizado a una bodega de Roberto “N” en la CDMX se localizaron expedientes navales, documentos de seguridad nacional y armas sin registro.
Además, la FGR explicó que la trama ilegal consistía en el traslado de buques desde Texas con combustible declarado falsamente como aceite para evadir el tratamiento fiscal correspondiente.
si
or otra parte, la FGR precisó que funcionarios y agentes aduanales coludidos cobraban pagos por permitirse el paso de los embarques y simular inspecciones en los puertos.
Sin embargo, la FGR destacó que el combustible ingresado ilegalmente se distribuía en tierra mediante empresas legítimas, mientras que una red de empresas fachada lavaba los ingresos obtenidos.
En consecuencia, la FGR confirmó la identificación de operaciones de esta misma red criminal en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la CDMX.
Por último, la Fiscalía sostuvo que no habrá impunidad y enfatizó que el actual secretario almirante Raymundo Morales Ángeles ha dado seguimiento a las indagatorias contra todo servidor público involucrado.
