CIUDAD DE MÉXICO — Durante la conferencia de prensa matutina de este martes 20 de octubre de 2026 en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó de manera categórica la existencia de un pacto político con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, para detener al exfiscal de la entidad, César Jáuregui Moreno.
“Nosotros no hacemos un pacto. Imagínense, ponerse de acuerdo con un gobernador para ver a quién metes a la cárcel o qué. No, pues no; la Fiscalía hace su investigación y procede”, afirmó la mandataria ante las versiones que sugerían una negociación entre la Federación y el gobierno estatal.
Sheinbaum subrayó que su administración no utiliza la justicia para acuerdos políticos ni exoneraciones, dejando en claro que la responsabilidad de presentar las pruebas y determinar deslindes penales recae exclusivamente en la Fiscalía General de la República (FGR)
A pregunta expresa, la mandataria indicó que hasta el momento no se han presentado elementos que responsabilicen de forma directa a la gobernadora por los hechos, pero puntualizó que no le corresponde al Ejecutivo exonerar a nadie y que debe ser la FGR quien evalúe todas las aristas.
Sobre las indagatorias adicionales
La presidenta confirmó que, además del proceso federal, Jáuregui Moreno mantiene investigaciones abiertas por otros posibles delitos planteados tanto en el fuero local como en el federal.
Cabe mencionar que el caso se remonta al mes de abril pasado, tras un accidente carretero registrado en la Sierra Tarahumara. En el percance fallecieron dos elementos de la fiscalía estatal y dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, lo que destapó su participación en un operativo nocturno contra un supuesto laboratorio de metanfetaminas en la zona.
Sobre estos hechos Gobierno Federal determinó que los agentes estadounidenses no contaban con la autorización requerida bajo la Ley de Seguridad Nacional para operar en territorio mexicano, catalogando la incursión como una irresponsabilidad grave y una violación competencial, al ser un operativo sin intervención de la FGR.
Inicialmente, las autoridades locales imputaron a César Jáuregui por delitos del fuero común, incluyendo ejercicio ilegal del servicio público.
Posteriormente, la FGR ejecutó una orden de aprehensión al considerar que Jáuregui autorizó de forma directa la operación irregular de fuerzas extranjeras en el país, delito que la Fiscalía clasificó como un posible acto de traición a la patria.
